El Comité Ambiental de La Buitrera invita a la comunidad de los corregimientos rurales de Cali a informarse y participar activamente en el debate sobre la posible derogatoria de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. Más allá de la minería, lo que está en discusión es la forma en que se planifican, protegen y gestionan nuestros territorios.
¿Qué está ocurriendo?
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia adelanta un proceso para derogar los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, herramientas creadas por el anterior gobierno para coordinar aspectos relacionados con la minería, el ambiente, el ordenamiento territorial y el desarrollo de las comunidades.
Esta propuesta se encuentra actualmente en etapa de participación ciudadana, lo que significa que aún no ha sido adoptada de manera definitiva.
Lo primero que debemos aclarar
La posible derogatoria no significa que los corregimientos rurales de Cali o el Parque Nacional Natural Farallones de Cali vayan a convertirse nuevamente en zonas mineras.
Las áreas protegidas, las licencias ambientales, los permisos, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y las demás normas ambientales continuarían vigentes.
Sin embargo, la discusión abre preguntas importantes sobre el futuro de la coordinación institucional y la planificación de territorios ambientalmente sensibles.
Los Farallones de Cali: un territorio estratégico
Los Farallones de Cali fueron incluidos dentro del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva del Valle del Cauca, junto con municipios como Buenaventura, Dagua y Jamundí.
Se trata de un territorio de aproximadamente 840.000 hectáreas, caracterizado por una enorme riqueza natural, hídrica, productiva y social.
Este ecosistema cumple funciones esenciales para:
La conservación de los bosques.
La protección de la biodiversidad.
La regulación del ciclo hídrico.
El abastecimiento de agua para Cali y municipios vecinos.
Por ello, cualquier cambio en los instrumentos de planificación genera interrogantes sobre cómo se continuará protegiendo este patrimonio natural.
La pregunta central
El Comité Ambiental de La Buitrera plantea una reflexión clave:
Si desaparece un instrumento que buscaba integrar minería, agua, ambiente, agricultura, comunidades y ordenamiento territorial, ¿qué mecanismo permitirá que todas estas variables sigan siendo analizadas de manera conjunta?
La preocupación no gira únicamente alrededor de la actividad minera, sino alrededor de la capacidad del Estado para coordinar decisiones complejas sobre territorios donde convergen múltiples intereses ambientales, sociales y económicos.
El papel de las comunidades
Uno de los mensajes más importantes del comunicado es que las decisiones sobre el territorio no deben tomarse sin la participación de quienes lo habitan.
La ciudadanía tiene derecho a:
- Informarse adecuadamente.
- Conocer los efectos de las decisiones públicas.
- Ser escuchada.
- Participar de manera efectiva, transparente y oportuna.
La participación ciudadana no debe verse como un simple requisito administrativo, sino como un componente esencial de la democracia ambiental.
Una preocupación que se siente en los corregimientos
El Comité destaca que esta discusión ocurre en un momento especialmente sensible para los corregimientos rurales de Cali.
Las recientes dificultades relacionadas con el abastecimiento de agua, la gestión de incendios, el control de invasiones y la protección del territorio evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de planificación y gestión ambiental.
Por ello, la comunidad considera fundamental evaluar cuidadosamente cualquier modificación a las herramientas existentes de ordenamiento y coordinación territorial.
Un debate nacional
Aunque el análisis parte de la realidad de Cali y los Farallones, la discusión tiene alcance nacional.
La propuesta contempla la derogatoria de 15 Distritos Mineros Especiales ubicados en diferentes regiones de Colombia, muchas de ellas asociadas a ecosistemas estratégicos y fuentes hídricas de gran importancia.
Por esta razón, las decisiones que se adopten podrían tener implicaciones mucho más amplias que las de una sola región.
Todavía hay tiempo para participar
El proyecto de resolución continúa en etapa de consulta pública y las observaciones ciudadanas podrán presentarse hasta el 18 de septiembre de 2026.
El Comité Ambiental de La Buitrera invita a la comunidad a leer los documentos disponibles, informarse con rigor y participar de manera responsable en este proceso.
Cuidar el territorio es una responsabilidad compartida
Defender los ecosistemas no significa oponerse a las actividades productivas ni a las personas que dependen de ellas. Significa promover un desarrollo que sea compatible con la protección del agua, los bosques, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades.
Porque, como señala el Comité Ambiental de La Buitrera, en esta discusión no solo está en juego el futuro de la minería. También está en juego la manera en que Colombia decide ordenar, proteger y gestionar sus territorios escuchando a quienes los habitan.